El desarrollo inmobiliario a tratarse en la Legislatura porteña es criticado por agrupaciones ambientales ya que se trata de “una de las zonas más afectadas por la crecida del nivel del Río de la Plata”. Por DIARIO PERFIL
Tras la autorización de la Justicia, referentes ambientales cuestionan el proyecto a tratarse en la Legislatura porteña para construir torres en Costanera Sur, un desarrollo inmobiliario de 250 millones de dólares en las inmediaciones de La Boca que involucra a la empresa IRSA.
“Este proyecto logró una primera sanción sin estudio de impacto ambiental y sin consideración alguna a los efectos del cambio climático en la erosión de las zonas costeras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, comentó Silvia Vázquez, precandidata a diputada nacional por el Acuerdo Verde y Social en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto se llama “Costa Urbana”, que algunos llaman “Puerto Madero 2”, y apunta a la construcción de viviendas, oficinas, locales comerciales, entre otros desarrollos, junto a un parque público de casi 43 hectáreas que serían cedidas al gobierno porteño a desarrollarse una de las zonas más afectadas por la crecida del nivel del Río de la Plata.
En total afectará a un predio 71,61 hectáreas (716.180 metros cuadrados) que pertenece a la empresa de bienes raíces e inmobiliaria IRSA, ubicado al lado de la Reserva Ecológica y del barrio popular Rodrigo Bueno.
En este sentido, la referente ambiental cuestionó al gobierno comandado por Horacio Rodríguez Larreta por impulsar proyectos de esta envergadura en las “zonas más bajas y vulnerables al impacto del cambio climático”.
“Pretenden estafar a quienes pudieran ser eventuales compradores ya que en pocos años estas zonas se encontrarán completamente inundadas”, dijo Vázquez en base a los estudios científicos como Climate Central en su “Mapa de riesgo de inundaciones costeras y aumento del nivel del mar”.
El impulso del proyecto inmobiliario entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA, del desarrollador Eduardo Elsztain, coincide con lo manifestado por la Organización Meteorológica Mundial en los últimos días, que advirtió que América Latina y el Caribe representan “una de las regiones más afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos extremos”.
Además, el proyecto que estará destinado a viviendas, oficinas y hasta un shopping, también es cuestionado por el Observatorio de la Ciudad en virtud del artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad de Buenos Aires son públicos y de libre acceso y circulación”.
