EL PARTIDO VERDE INICIÓ LA POLITICA DE RECONVERSIÓN DE DEUDA EN TERMINOS AMBIENTALES

La iniciativa introducida por el Partido Verde en la política argentina, en 2019, sobre la reconversión de la Deuda Externa Argentina en términos ambientales a partir de un nuevo imperativo financiero y económico, el Imperativo Climático y Ambiental, alineados al cumplimiento del Acuerdo de Paris y a la Agenda 2030, hoy es una posición comprometida del Gobierno Argentino.
El Partido Verde advierte con preocupación la globalidad de este tema y sus condiciones imprescindibles para que sea logrado. Primero, se debe consensuar que la emergencia ambiental abarca la realidad sanitaria de los habitantes de la Argentina, los cursos de agua mediterráneos y el mar argentino.
Las medidas financieras urgentes advertimos que tienen que centrarse en la contaminación del aire, el suelo y los cursos de agua; la producción sustentable, orgánica, respetuosa del ambiente y de sistemática incorporación de todas las personas al mercado de trabajo y de disponibilidad de capital genuino para producir productos básicos, elaborados, tecnológicos, bienes en general y servicios.

En 2021 la realidad es que en los países en desarrollo, la carga de la deuda ha alcanzado máximos históricos. Cuando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2000, los países en desarrollo se encontraron en el desafío de financiar la implementación de estos, asumiendo una deuda externa de 1400 mil millones de USD.
Ahora que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tienen un alcance mucho más amplio pero también las deudas son más caras. Los países en desarrollo deben agregar la financiación de estos objetivos al servicio una deuda contraída por deudores públicos y privados y cuya cantidad se ha triplicado desde entonces hasta llegar a 5.400 mil millones de dólares en 2017 y a una suma de difícil estadística en 2021.

El servicio de estas deudas pendientes cuesta 575 mil millones de dólares por año a los países en desarrollo. Dado que la mayoría de las economías afectadas están fuertemente desarrollados durante los últimos 15 años, la parte de la renta o los ingresos nacionales de las exportaciones representadas por la carga de la deuda disminuye. Esta disminución es en parte el resultado de iniciativas alivio de la deuda lanzado durante los primeros años de implementación de los ODM.
Estas iniciativas, sin embargo, no podrá apoyar la implementación de los ODS porque al presente, en el marco de la crisis pandémica generada por el COVID no existen en los términos en que fueron planteadas. Si el peso relativo de las deudas ha caído entre 2000 y 2010, la tendencia se invirtió.
Desde 2011, la deuda ha ido aumentando, incluso cuando se estima en forma de ratios.
Lo más sorprendente, sin embargo, son los cambios en términos de composición e instrumentos de la deuda. Dentro de los países en desarrollo, la deuda pública proviene de cada vez más préstamos de prestamistas privados.
Esta tendencia minimiza el papel de los prestamistas públicos, y más particularmente los prestamistas bilaterales, que no representan más del 16% de la deuda pendiente, en comparación con un porcentaje casi el doble que anteriormente (33%).
Los prestamistas privados también han cambiado: los bonos destronaron el préstamo como la forma predominante de préstamos de prestamistas privados. La proporción de bonos se duplicó del 21% al 42% de deuda pendiente. Desde 2004, 23 países han comenzado lanzar bonos en los mercados financieros, entre ellos la Argentina.
Los préstamos internos y los empréstitos también están de moda, al igual que los préstamos otorgados por nuevos acreedores de economías emergentes.
Con relación a nuestro país, si aunque despejados los abultados vencimientos de la deuda externa con privados, el Gobierno este año afronta importantes obligaciones de pago por más de u$s 10.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Club de París y otros organismos multilaterales.
En razón de la escasez de reservas internacionales en el Banco Central (BCRA) a pesar de la acumulación de las últimas semanas, estamos frente a una cifra que implica un desafío y por ello la idea del Gobierno es reprogramar o renegociar una parte importante.
El Partido Verde considera que dicha estrategia de negociación tiene que vincularse con el capital ambiental y la inversión en servicios ecosistémicos. Recordemos que estos hacen referencia a recursos o procesos de los ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos, abarcando productos como agua potable limpia y procesos tales como la descomposición de desechos.
Creemos que todo diálogo debe centrarse en el escenario de la necesidad común, por parte de los acreedores recibir su parte y por parte de la Argentina pagar desarrollándose. La Argentina puede triplicar sus exportaciones con un compartir de la riqueza con pequeños productores, por una parte, estos avanzan de la supervivencia a la producción, por la otra, por su dedicación extensiva y de conocimientos agrícolas y ganaderos ancestrales su producto es cualitativamente superior al de los productores masivos.
Un ejemplo, China necesita porotos de soja que no sean genéticamente modificados, una producción que resulte de miles de pequeños productores con calidad superior produce costos superiores en el mercado internacional. Estados Unidos pescado natural, por tanto no proveniente de la acuacultura, en condiciones que respete los mayores estándares de sustentabilidad, cuanto puede aportarlo la pesca artesanal sin más que crédito para aumentar la producción. La Unión Europea requiere trigo, azúcar y arroz orgánicos, que es el resultado de productores pequeños y medianos especializados en el cuidado de plagas, la lucha contra el calentamiento y sus efectos y el mejor aprovechamiento del agua.

REDUCIR LA DEUDA CON LA MOVILIZACION DE RECURSOS PARA PRESERVAR LA NATURALEZA.

El punto de partida es el compromiso de la Argentina de invertir las sumas que se ahorren en inversiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Los canjes de deuda por naturaleza (DNS) pueden movilizar recursos para proteger la naturaleza al tiempo que se reduce la carga de la deuda de los países en desarrollo. La transacción se inicia con la voluntad de un acreedor de perdonar la totalidad o parte de los derechos de crédito o de manera similar vender la deuda pendiente a un tercero (generalmente una organización de conservación) a un precio más bajo que el valor nominal.
Para que esto ocurra, el Partido Verde promueve que este sea el factor de apertura y de sostén de la negociación de la deuda. Corresponde al Estado argentino el llamado para que se dialogue en estos términos y la oferta concreta con planes sociales que ofrezcan trabajo, producción familiar, crédito al productor limitado a los bienes, instrumentos y tecnologías necesarios para producir, a partir de montos de auto sustentamiento de la unidad productiva y su repago hasta llegar a la producción en términos comerciales internos e internacionales. La sumatoria de PYMES ambientales productoras da el resultado de un país que exporta producción sustentable.
A la conservación de la naturaleza se añaden acuerdos de canje para financiar gastos sociales, particularmente en salud y educación.
Es de recordar el alto número de transacciones de esta naturaleza llevadas a cabo en la década de 1990. En ese tiempo más de US$ mil millones de crédito propiedad de los Estados Unidos se negoció a través de canjes de deuda cuando la Iniciativa Enterprise for the Americas estaba en funcionamiento. Hubieron más de 200 millones de dólares de transferencias directas a proyectos de conservación en América Latina. Esto fue seguido por la Ley de Conservación de los Bosques Tropicales que ayudó a concluir acuerdos con 14 países, generando más de US $ 326 millones en asignaciones para la conservación de los bosques tropicales. Y desde 2010 hasta el presente se impulsa un interés renovado en el DNS, particularmente con respecto a los compromisos globales sobre financiación climática.
Sin la necesidad de ahondar en tecnicismos, destacamos que la Argentina bajo la administración del gobierno de Cambiemos se comprometió de manera irresponsable tomando una deuda que de por si ya era insostenible antes del Covid 19.
No invirtió en hacer los cambios estructurales que Argentina necesita para impulsar un desarrollo socio ambiental y económico sostenible. Sin atender a los compromisos medioambientales, los internacionales y los propios, nos vimos inmersos en una especie de casino financiero internacional. Hay una responsabilidad común y diferenciada, en el daño producido por más de 86.000 millones de dólares exportados, sin control y sin legalidad, entre los años 2016 y 2019 de la República Argentina. Colocación irresponsable en mercados internacionales de dinero, que sólo se justifica desde una operatoria financiera ajena al propósito del FMI y al objetivo del crédito acordado a la Argentina, que constituye el origen de una especulación en espiral ascendente, que se reitera en numerosos países en desarrollo endeudados y redundó en la omisión del deber de conservar y dar un uso racional a la naturaleza en beneficio de las generaciones futuras, con el agravante de que fue factor de destrucción de bosques, contaminación y aceleración del calentamiento global.

Todo ello intensificado por la circunstancia de haber tomado la deuda sin someterse a los controles de constitucionalidad y legalidad que exige el ordenamiento jurídico argentino, y violentando los Estatutos del Fondo Monetario Internacional.

Así las cosas la llegada del Covid 19 nos encuentra en el punto de mayor vulnerabilidad no sólo por la paralización de la economía sino también por la gran dependencia de la misma del comportamiento de nuestros bienes naturales, fuente principal de nuestras exportaciones seriamente afectados por las consecuencias del Cambio Climático. Tal y como destaca el reporte publicado por LSE (The London School of Economics and Political Science del 5 de febrero de 2020:“THE SOVEREING TRANSITION TO SUSTAINABILITY: UNDERSTANDING THE DEPENDENCE OF SOVEREING DEBT ON NATURE”.
Se calcula que el 28% de los bonos soberanos de Argentina, se verán expuestos a un anticipado endurecimiento de las políticas sobre clima y deforestación en la década que comienza en 2020, mientras que el 44% se verán expuestos a los cambios de políticas en la década que inicia en 2030. Invertir en la protección de nuestros ecosistemas debe ser la prioridad para garantizar los beneficios de nuestros bienes naturales para nuestro pueblo en el combate contra la pobreza, aumentar la resiliencia frente a los desastres naturales, hacer sostenible nuestros compromisos externos y garantizarnos el acceso al crédito.

UNA NUEVA PROPUESTA DE NEGOCIACION QUE SE APOYA EN UN CAMBIO HACIA LA POLITICA SOCIAL EN BENEFICIO DE TODOS.

Los Verdes creemos que es ahora el momento para presentar una nueva propuesta de negociación, respecto del pago de la deuda, teniendo como referencia el canje de desembolsos, por proyectos concretos en producción de energías alternativas y saneamientos ambientales. Y que es absolutamente necesario incluir en los fundamentos técnicos, no solo los de tipo económico–financieros, sino en el mismo nivel de importancia, los fundamentos de lucha contra el cambio climático. Porque ya estos últimos forman parte indivisible de los primeros.
Existe un esquema posible de renegociación de deuda sobre bases ambientales. Argentina puede recomprar indirectamente su deuda con activos denominados en moneda local, a través del patrocinio de programas de conversión con terceros que disponen de divisas.
Hay importantes antecedentes en nuestra región como el ejemplo de Chile, en 1985. En 1986, otros países latinoamericanos establecieron sus propios esquemas de conversión de pagarés a capital accionario. Este tipo de transacción claramente dominó los esquemas de reducción de la deuda en los años ochenta, alcanzando a 26 mil millones de dólares.
El bono verde es una herramienta válida de salida con prosperidad, del mercado de deuda global, en general, y de superación de la deuda externa Argentina, en especial. Siendo que la deuda verde es uno de los segmentos más jóvenes en el sector financiero mundial.
Deben ser utilizados como dimensión evolutiva del mercado de deuda global, por acelerar la evolución justa de la situación de endeudamiento y prevenir situaciones que derivan de la crisis social, económica, financiera y política causada por la deuda y de sus influencias conjugadas.
Para su empleo con el FMI y los acreedores externos, es necesario superar la barrera de la baja conciencia ecológica entre los dirigentes de la sociedad o, en algunos casos, la pasividad del país hacia políticas pro ambientales.
El combate al cambio climático requiere justicia y equidad de acreedores y deudores.
Es indudable que el mundo y nosotros necesitamos crear una respuesta de fondo, radical, hacia un desarrollo social y económico equitativo, viable y ambientalmente sostenible, en línea con la respuesta ante el mayor desafío de la humanidad, que es la lucha contra el cambio climático.

Por todo lo expuesto es que solicitamos se considere el mecanismo de Reconversión Verde de la deuda externa a fin de apalancar el desarrollo sostenible de la Argentina, modificando su matriz energética, la transformación sustentable de la agricultura y la ganadería, el acceso universal al agua potable y el saneamiento, la recuperación de la masa forestal perdida y el apoyo a la industrialización en sectores que garanticen la sustentabilidad de la productividad para seguir creando riqueza para nuestro pueblo, alineados con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris y en la agenda 2030.
Todo ello sin perjuicio de las consideraciones pertinentes de legalidad expresadas en este documento y la reconsideración de la deuda en cada etapa de las negociaciones llevadas adelante por el gobierno argentino.