Residuos Peligrosos: El Caso de Entre Ríos

La gestión de los residuos peligrosos es uno de los desafíos ambientales más críticos de nuestra era. Estas sustancias, por su naturaleza tóxica, corrosiva o inflamable, representan una amenaza directa para la salud humana y la estabilidad de los ecosistemas. En la provincia de Entre Ríos, Argentina, esta problemática adquiere un rostro concreto y alarmante, centrado en una única planta de tratamiento y un desbalance de cifras que ha encendido las alarmas de vecinos, ex-empleados y ambientalistas. Durante los últimos cinco años, la provincia ha recibido 20 millones de kilos más de residuos peligrosos de los que ha enviado a otros destinos, una diferencia que, si bien tiene una explicación técnica, se enmarca en un contexto de graves denuncias por contaminación y presunta negligencia.

Un Desequilibrio Preocupante: Las Cifras del Conflicto

Los números oficiales revelan una realidad innegable. Entre 2019 y 2023, ingresaron a Entre Ríos un total de 67.113.090 kilogramos de residuos peligrosos desde otras provincias. En el mismo período, salieron desde aquí hacia otros destinos, como Santa Fe o Buenos Aires, apenas 47.160.682 kilogramos. La diferencia es de exactamente 19.952.408 kilos.

La explicación oficial para esta disparidad radica en el proceso de tratamiento mismo. La planta utiliza la incineración como método principal, un proceso que reduce drásticamente el volumen y peso de los materiales. Muchos componentes se consumen por completo, mientras que otros quedan reducidos a cenizas y subproductos. Sin embargo, esta explicación técnica no tranquiliza a quienes denuncian que detrás de esas cifras se esconde una gestión ambiental deficiente y peligrosa.

El Epicentro del Problema: Soluciones Ambientales SA

Toda esta compleja trama tiene un único protagonista empresarial: la firma Soluciones Ambientales SA. Esta compañía opera la única planta de tratamiento de residuos peligrosos habilitada en toda la provincia. Su ubicación actual está en la Ruta Provincial 16, en el distrito de Enrique Carbó, dentro del Departamento de Gualeguaychú. Esta centralización convierte a la empresa en un eslabón indispensable pero también en el foco de todas las miradas y sospechas.

La empresa, que pertenece al grupo Quimiguay, no es nueva en el rubro ni en las polémicas. Su historia reciente está marcada por un traslado forzoso y una serie de acusaciones que han llegado hasta la Justicia Federal, poniendo en jaque su operatividad y la confianza en los organismos de control.

Graves Acusaciones y una Causa Judicial en Marcha

La voz de la denuncia tiene nombres y apellidos. Daniel González, un técnico mecánico que trabajó durante quince años en el montaje y mantenimiento de las plantas del grupo, junto a Diego Lucero, ex operario, decidieron llevar sus testimonios a la justicia. Las acusaciones son de una gravedad extrema y pintan un panorama desolador.

Según González, las prácticas de la empresa distan mucho de los protocolos de seguridad ambiental. “Yo sé lo que está enterrado allí”, afirmó con contundencia. Entre las denuncias más graves se encuentran:

• Contaminación de agua: La empresa recibiría agua contaminada con glifosato, ácidos e hidrocarburos. El supuesto "tratamiento" consistiría en agregarle soda cáustica para neutralizar el pH y luego verterla directamente sobre el suelo, detrás o al costado de la planta, con el riesgo inminente de contaminar las napas freáticas.
• Entierro de residuos: Se acusa a la firma de enterrar residuos peligrosos sin el tratamiento adecuado, una práctica ilegal que genera focos de contaminación perpetua en el subsuelo.
• Complicidad estatal: Los denunciantes sostienen que estas operaciones no podrían llevarse a cabo sin cierto grado de connivencia o negligencia por parte de los organismos de control a nivel provincial y nacional.

Estas denuncias impulsaron la apertura de una causa en la Justicia Federal, que ya ha ordenado tres allanamientos en la planta en busca de pruebas que corroboren los testimonios. La intervención de la justicia federal marca un punto de inflexión, elevando el caso de una disputa local a un asunto de posible delito ambiental a gran escala.

Un Historial de Controversias: De Gualeguay a Gualeguaychú

La planta de Soluciones Ambientales SA no siempre estuvo en su ubicación actual. Anteriormente, operaba en la ciudad de Gualeguay, sobre la ruta 11. Sin embargo, en el año 2012, la Municipalidad de Gualeguay decretó su clausura total y definitiva. La razón fue la comprobación de que la planta emitía gases tóxicos, específicamente Xileno y Tolueno, en niveles que superaban ampliamente lo permitido por la ley. Estos compuestos orgánicos volátiles son peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

Tras esta clausura, la empresa se trasladó a su emplazamiento actual en el departamento de Gualeguaychú, pero los problemas, según los denunciantes, no solo continuaron, sino que se agravaron.

La Versión Oficial: Entre Monitoreo y Falta de Infraestructura

Desde el gobierno provincial, Maximiliano Gómez, Director General de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, ofrece la perspectiva estatal. Admite que la gestión de estos residuos es un tema "complejo y sensible". Según Gómez, tanto la Secretaría de Ambiente provincial como la nacional realizan "permanentes monitoreos y estricta vigilancia" para asegurar que la actividad se desarrolle dentro de los parámetros de seguridad.

Sin embargo, el funcionario reconoce una carencia estructural clave en la provincia: la inexistencia de un "relleno de seguridad". Este tipo de infraestructura es un predio especialmente diseñado para la disposición final de las cenizas y subproductos que resultan del tratamiento de residuos peligrosos. Al no contar con uno, Entre Ríos se ve obligada a enviar esos excedentes a otras provincias que sí lo tienen, como Santa Fe y Buenos Aires. Esto explica, en parte, el flujo de salida de materiales.

Respecto a la causa judicial, Gómez afirmó que la Secretaría es "muy respetuosa del accionar de la justicia" y que el proceso debe seguir su curso. Reconoció también el carácter "poco amigable" de la actividad, entendiendo la preocupación de los vecinos que viven en las cercanías de la planta.

Tabla Comparativa: Movimiento de Residuos Peligrosos (2019-2023)

Para visualizar mejor la magnitud del problema, la siguiente tabla detalla el flujo de residuos peligrosos en Entre Ríos durante los últimos cinco años, medido en kilogramos.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Dónde está la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Entre Ríos?

La única planta de la provincia se encuentra en el Departamento Gualeguaychú, en la Ruta Provincial 16, distrito de Enrique Carbó. Es operada por la empresa Soluciones Ambientales SA.

¿Por qué la provincia recibe más residuos de los que envía?

La explicación oficial es que el proceso de tratamiento, principalmente la incineración, reduce el volumen y peso de los residuos. Lo que se envía a otras provincias son las cenizas y subproductos resultantes, que pesan menos que el material original. Sin embargo, las denuncias sugieren que parte de esa diferencia podría deberse a una gestión inadecuada, como el entierro ilegal.

¿De qué se acusa a la empresa Soluciones Ambientales SA?

Las principales acusaciones, presentadas en la Justicia Federal por ex-empleados, incluyen contaminar el agua y las napas freáticas con químicos como glifosato y soda cáustica, enterrar residuos peligrosos sin tratar y operar con la presunta complicidad de organismos de control.

¿Qué son el Xileno y el Tolueno, los gases por los que fue clausurada antes?

Son hidrocarburos aromáticos, clasificados como Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Son solventes industriales comunes que, al ser inhalados o entrar en contacto con el medio ambiente, pueden causar graves problemas de salud (daños neurológicos, respiratorios) y son precursores del smog fotoquímico. Su emisión está estrictamente regulada.

¿Qué dice el gobierno provincial sobre esta situación?

El gobierno, a través de la Dirección de Ambiente, asegura que realiza monitoreos constantes. Reconoce la falta de un "relleno de seguridad" en la provincia para la disposición final de los subproductos y se muestra respetuoso del proceso judicial en curso contra la empresa.