16/03/2024
Cada 22 de julio, el calendario marca el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, una fecha que trasciende la simple conmemoración para convertirse en un símbolo de resistencia ciudadana y defensa de los recursos naturales. En Argentina, y particularmente en la provincia de Mendoza, esta fecha resuena con una fuerza especial. A finales de 2019, la sociedad mendocina protagonizó uno de los levantamientos populares más significativos de su historia reciente, uniendo a miles de personas bajo una única consigna: la defensa del agua y de la Ley 7722. Este evento no fue un hecho aislado, sino la culminación de años de debate y la manifestación de una profunda convicción cultural y ambiental que se niega a cambiar agua por oro.
¿Qué es la Ley 7722 y por qué se la conoce como "La Guardiana del Agua"?
Para comprender la magnitud del conflicto, es fundamental entender qué representa la Ley 7722 para los mendocinos. Sancionada en 2007, esta ley no es una simple regulación; es considerada un pilar fundamental del modelo de desarrollo provincial. Su artículo más importante prohíbe explícitamente el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y otras similares en los procesos mineros metalíferos. En una provincia de clima desértico como Mendoza, donde cada gota de agua es un tesoro que alimenta sus oasis productivos, principalmente la vitivinicultura, esta ley se erigió como un escudo protector. El agua de deshielo de la Cordillera de los Andes es el motor de su economía y la base de su vida. Por ello, cualquier amenaza a sus cuencas hídricas es percibida como una amenaza existencial.
La ley no prohíbe la minería en su totalidad, sino específicamente la megaminería metalífera que depende de estos químicos para la lixiviación, un proceso que separa los metales de la roca. Los defensores de la ley argumentan que un derrame o filtración de estas sustancias podría contaminar de forma irreversible los ríos que riegan los valles, destruyendo la agricultura, el turismo y la identidad cultural de la provincia.
A fines de diciembre de 2019, con un nuevo gobierno provincial recién asumido, la Legislatura de Mendoza aprobó en un trámite exprés la Ley 9209. Esta nueva norma modificaba los artículos clave de la 7722, habilitando el uso de cianuro y ácido sulfúrico, abriendo así las puertas de par en par a la megaminería. Lo que la clase política vio como una oportunidad para atraer inversiones y generar empleo, la ciudadanía lo interpretó como una traición.
La respuesta fue inmediata y masiva. Lo que comenzó con protestas en pueblos del Valle de Uco, como San Carlos, se transformó en un verdadero estallido social. Decenas de miles de personas de todos los rincones de la provincia marcharon de forma autoconvocada hacia la capital. Familias enteras, productores, ambientalistas, artistas y ciudadanos sin afiliación alguna se unieron en un reclamo pacífico pero ensordecedor. Las calles de Mendoza se llenaron de cánticos, cacerolazos y un grito unánime: "El agua de Mendoza no se negocia".
La presión social fue tan abrumadora que, tras una semana de protestas ininterrumpidas que marcaron un inicio de gestión caótico para el gobernador Rodolfo Suarez, este se vio obligado a dar marcha atrás. El 30 de diciembre de 2019, el propio gobernador envió un proyecto para derogar la Ley 9209 y restituir la plena vigencia de la Ley 7722. Fue una victoria ciudadana histórica, un claro mensaje de que la "licencia social" es un factor que ningún gobierno puede ignorar.
El Dilema: ¿Desarrollo Económico o Sostenibilidad Ambiental?
El conflicto en Mendoza expuso la tensión fundamental que existe en muchas regiones entre dos modelos de desarrollo aparentemente opuestos. Por un lado, el modelo extractivista, que promete inversiones millonarias, creación de empleo y regalías para el Estado. Por otro, el modelo basado en la sostenibilidad y el cuidado de los recursos, que prioriza las economías regionales y la preservación del ambiente para las futuras generaciones.
A continuación, una tabla comparativa que resume los principales argumentos de cada postura:
| Argumentos a Favor de la Megaminería (Ley 9209) | Argumentos en Defensa del Agua (Ley 7722) |
|---|---|
| Generación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. | Protección de los puestos de trabajo existentes en agricultura, ganadería y turismo. |
| Atracción de inversiones extranjeras y aumento de las exportaciones. | Riesgo de contaminación irreversible de las fuentes de agua dulce. |
| Ingresos fiscales significativos para la provincia a través de regalías. | El modelo agrícola y vitivinícola ya es un motor económico consolidado y sostenible. |
| Desarrollo de zonas postergadas de la provincia. | La minería a cielo abierto consume enormes cantidades de agua, un recurso escaso. |
| Uso de tecnologías modernas que minimizan el riesgo ambiental. | Falta de confianza en los controles estatales y antecedentes de desastres ambientales. |
Como señala el especialista ambiental Eduardo Sosa, la lucha en Mendoza va más allá de una simple dicotomía. Se trata de una pulseada contra "una arrogante avanzada contracultural que busca torcerle el brazo a la cultura del trabajo a la tierra". La verdadera salida, según esta visión, no es elegir entre economía y ambiente, sino integrar ambas en un modelo de desarrollo sustentable genuino.
El Eco en Otras Provincias: El Caso de Chubut
La lucha de Mendoza no es un caso aislado. En la provincia de Chubut, la resistencia ciudadana también ha sido un freno para los intentos de avanzar con la megaminería. Desde 2003, una ley prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio provincial. Sin embargo, el gobierno de Mariano Arcioni ha intentado en repetidas ocasiones impulsar un proyecto de "zonificación minera" para habilitar la actividad en ciertas áreas de la meseta central.
Al igual que en Mendoza, la respuesta social ha sido contundente, con masivas movilizaciones en toda la provincia. Incluso una iniciativa popular que reunió más de 30,000 firmas para prohibir definitivamente la minería fue rechazada por la legislatura, demostrando la persistente desconexión entre una parte de la clase política y el sentir de su pueblo. El caso de Chubut refleja que la defensa del agua y el territorio es una causa que atraviesa la geografía argentina.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué prohíbe exactamente la Ley 7722?
La Ley 7722 prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en todas las etapas de la minería metalífera, desde la cateo hasta la industrialización.
¿Se derogó la Ley 7722?
No. Lo que se derogó fue la Ley 9209, que era la que modificaba y debilitaba a la 7722. Al derogarse la 9209, la Ley 7722 recuperó su plena vigencia y sigue protegiendo el agua de Mendoza.
¿Por qué la megaminería genera tanto rechazo en Mendoza?
El rechazo se fundamenta en la escasez de agua de la provincia y su dependencia de las cuencas hídricas puras para sostener su principal motor económico: la industria vitivinícola y la agricultura. El temor a una contaminación irreversible es el principal argumento.
La licencia social es la aceptación o aprobación de las comunidades locales a un proyecto de inversión. Aunque no es un requisito legal formal en todos los casos, la experiencia de Mendoza demostró que sin el apoyo de la sociedad, es prácticamente imposible llevar adelante proyectos de esta envergadura.
La historia reciente de Mendoza es un poderoso recordatorio de que la participación ciudadana es una herramienta fundamental en la construcción de un futuro más sostenible. El 22 de julio no es solo un día para recordar las luchas pasadas, sino para reafirmar el compromiso presente y futuro con la defensa de nuestros bienes comunes más preciados: el agua, la tierra y la vida.
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